Nicolás Maduro adjudica a un imputado en ‘Gürtel’ un negocio petrolero

Nicolás Maduro abre las puertas de Venezuela a la persona considerada el cerebro financiero de la trama Gürtel y ex vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín. Hace apenas un mes, y en plena crisis venezolana, el presidente del país bolivariano accedió a la petición hecha por el empresario español y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para constituir una sociedad mixta que explote una parte del yacimiento petrolífero conocido como Franja Petrolífera del Orinoco.

Así consta en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fechada el pasado 10 de julio, a la que tuvo acceso este diario. En ella, el Máximo Tribunal declara «procedente la autorización y aprobación» de la empresa Petrosur, participada por una filial de PDVSA y una sociedad que responde al nombre de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, cuyo representante es José Ramón Blanco Balín.

El Máximo Tribunal, como se llama en Venezuela al Tribunal Supremo, autorizó la creación de esta nueva sociedad para la «producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado en el área denominada Junín 10 de la Franja Petrolífera del Orinoco Hugo Chavez Frías».

Según consta en la sentencia, Petrosur tendrá como accionistas a la sociedad que representa el empresario español y a la Corporación Venezolana de Petróleo(CVP), filial de PDVSA. El cometido del consorcio será la explotación de un bloque de uno de los yacimientos petrolíferos más extensos del mundo, la Franja Petrolífera del Orinoco. Dicho de otra manera, extraer petróleo en una de las parcelas en las que está dividido el yacimiento, cuya extensión total asciende a 55.314 kilómetros cuadrados. Cada bloque tiene 500 kilómetros cuadrados.

La nueva empresa, que aún no ha sido constituida, estará participada en un 60% por la Corporación Venezolana de Petróleo -empresa encargada de gestionar los negocios que PDVSA tiene con terceros, sobre todo con extranjeros-, y el otro 40% estará en manos de la sociedad representada por Blanco Balín, «domiciliada en Amsterdam conforme a las leyes de los Países Bajos», según consta en la sentencia.

Petrosur tendrá una validez de 25 años y Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoaméricas deberá pagar un bono a favor de Venezuela de 400 millones de dólares por el acceso a las reservas de petróleo.

Negocios con los Cortina

En la citada sentencia, el Máximo Tribunal señala a Blanco Balín como la persona que consigna la petición hecha al Gobierno de Maduro en representación de la empresa extranjera, refiriéndose a él como «el consejero delegado ciudadano José Ramón Blanco de Inversiones Petroleras Iberoamericanas», sin anteponer la expresión «Stichting Administratiekantoor», que es la empresa que presentó la petición junto con PDVSA el pasado mes de marzo.

Según el Registro Mercantil español, el imputado en el caso Gürtel –investigadopor un presunto delito de blanqueo de capitales y considerado el gestor del dinero de Francisco Correa– es socio de una empresa española bautizada, precisamente, con el nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, junto al que fuera presidente de Repsol en la época en que Blanco fue número dos de esta compañía y hermano de Alberto Cortina, Alfonso Cortina.

Este diario se puso en contacto con Alfonso Cortina para conocer su vinculación con la futura sociedad Petrosur. Fuentes cercanas al empresario aseguraron que Cortina no está implicado en el proyecto venezolano, confirmando que sólo es Blanco Balín el que participa. Es más, estas mismas fuentes llegaron a afirmar que la española Inversiones Petroleras Iberoamericanas, creada en 2013, está inactiva.

Lo cierto es que los datos que obran en el Registro Mercantil no confirman la inactividad de esta empresa, donde Blanco Balín aparece como apoderado tras haber sido consejero delegado y vicepresidente, en 2013. En la actualidad, el presidente de Inversiones Petroleras Iberoamericanas es Alfonso Cortina y el vicepresidente es Pelayo Luis Cortina Koplowitz, el hijo menor de Alberto Cortina y Alicia Koplowitz.

Varios miembros de la familia Cortina tienen negocios con ciudadanos venezolanos afincados en España. Es el caso de Alberto con Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, apodo con el que se conoce a los miembros de un grupo de jóvenes empresarios venezolanos que hizo fortuna en el país bolivariano entre los años 2009 y 2011.

Betancourt es propietario de la lujosa finca El Castillo del Alamín, antigua propiedad del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán –en prisión desde el 3 de diciembre de 2012-. Este empresario venezolano, cuya trayectoria profesional está centrada en el sector energético y en la explotación, producción y comercio del petróleo, es también accionista mayoritario de la compañía de gafas de sol fundada en Elche (Alicante) Hawkers, que preside desde el pasado mes de octubre. Betancourt acudió a la ampliación de capital de esta empresa e inyectó 50 millones de euros.

Este venezolano es socio de Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, con sede en Luxemburgo e implantado en Senegal a través de Banco de Dakar. Precisamente, en este proyecto participa también el que fuera número dosde Emilio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz.

Fuentes próximas a Blanco Balín confirmaron a este diario la participación del empresario español en el proyecto de Petrosur, pero negaron que los Cortina sean socios del mismo. No obstante, rehusaron dar los nombres de «los otros inversores», como los definieron, que aportaron capital en Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas.

«Aún no se ha firmado la constitución de Petrosur», señalaron las mismas fuentes, que advirtieron de que desde que se presentó la petición, en marzo, hasta ahora, «han cambiado las condiciones en Venezuela», en relación a la nueva Asamblea Nacional Constituyente creada por Maduro.

En este sentido, no hay que pasar por alto que la aprobación de Petrosur no fue tramitada por la Asamblea Nacional de Venezuela -órgano similar al Parlamento-, sino que pasó, directamente, al Tribunal Supremo de Justicia, afín al Gobierno de Maduro, después de contar con el visto bueno del ministro del Poder Popular de Petróleo, Nelson Martínez, y del propio presidente venezolano. Conviene advertir de que en la fecha en la que se autorizó la constitución de Petrosur, la Asamblea Nacional Constituyente aún no existía.

Es por ello que el Tribunal argumentó su actuación alegando que «dado que aún se mantiene el desacato en el cual permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de este Máximo Tribunal […], esta Sala Constitucional, como máxima garante de la constitucionalidad, ante la situación de anormalidad institucional […] es la competente para dar respuesta a dicha petición».

El pasado 30 de julio, Venezuela celebró elecciones para votar la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por chavistas y creada por Maduro para modificar la Constitución. No obstante, conviene advertir de que la Asamblea Nacional sigue siendo de mayoría opositora.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2017/08/09/598a0afc22601d58478b457e.html