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Nuevos vientos para las políticas migratorias

La vacante en el Tribunal Supremo tras la repentina muerte del juez conservador Antonin Scalia no necesariamente bloqueará los alivios migratorios, en disputa en el caso “US v. Texas”. El presidente Barack Obama, que ya hizo historia al nombrar en 2009 a la puertorriqueña Sonia Sotomayor como la primera juez latina en un cargo vitalicio en el Tribunal Supremo, centrará sus esfuerzos en buscar un reemplazo para Scalia, cimentando su sello “progresista” en la máxima corte de EEUU.

En el campo migratorio, los magistrados prevén emitir en junio próximo un dictamen sobre la ampliación de la “acción diferida” de 2012 (DAPA) para los “Dreamers”, y un programa similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DACA”.

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Ambos programas darían cobijo temporal a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, pero están bloqueados debido a una demanda presentada por 26 estados, liderados por Texas y la mayoría bajo control republicano.

Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), consideró que “la muerte de Scalia, aunque desafortunada, fortalece las oportunidades de que la Administración Obama gane el caso. Todo este ruido de los republicanos es similar a otras amenazas, como el cierre del gobierno o la anulación de la reforma de salud. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará”, explicó Wilkes.

Es el Tribunal Supremo, que determina la legalidad de políticas que afectan la vida diaria de los estadounidenses.

Asuntos como la legalidad del aborto,  los matrimonios homosexuales,  la tenencia de armas,  el rezo en las escuelas, los requisitos para votar, la protección ambiental,  o la exigencia de cobertura médica, son apenas algunos sobre los que ha intervenido el Tribunal Supremo, compuesto por nueve jueces en cargos vitalicios.

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